Cuando se viaja por la Panamericana Sur en el tramo entre Pucusana y la entrada de Chincha va por una autopista moderna, bien mantenida, señalizada, amplia y mucho más segura que la antigua carretera. Ahorra tiempo y ya no tiene que entrar a Cañete. Sin embargo, cuando queremos seguir hacia el sur volvemos a la realidad de siempre: entramos a Chincha y la carretera se convierte en una vía urbana lenta y peligrosa, por los accidentes de tránsito.
¿Por qué no se prosigue con la construcción de la autopista entre Chincha-San Andrés en Pisco y Guadalupe en Ica? Expliquemos qué es lo que sucede.
En setiembre del 2005, durante el Gobierno del presidente Toledo, se firmó el contrato para la concesión por 30 años de la denominada “Red Vial No. 6”, que incluye la construcción, mantenimiento y operación de la red vial entre Pucusana e Ica con un total de 230 kilómetros y una inversión referencial de US$ 229 millones.
El concesionario que ganó el correspondiente concurso público es Concesionaria Vial del Perú (CoviPerú S.A.), que es un consorcio de capitales ecuatorianos y peruanos. El organismo regulador que supervisa el adecuado cumplimiento del contrato de concesión es Ositran.
Esta concesión está otorgada bajo la modalidad autofinanciada, es decir, que es el concesionario privado quien realiza las respectivas inversiones y se repaga con los peajes que se cobran en la vía. Entre los años 2005 y 2007 se hizo el “cierre financiero” y se realizaron las correspondientes expropiaciones de terrenos, liberación de “interferencias”, así como la obtención de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos y la “puesta a punto” de los terrenos que deben ser entregados por el Estado al concesionario, temas todos estos que en nuestro país toman más tiempo del debido cuando no hay un adecuado seguimiento por parte del Estado.
Una variable fundamental para darle la viabilidad al proyecto es la estimación de la demanda que tendrá la vía. Es decir, el tráfico estimado en el tiempo de vehículos . Como ocurre en todos los casos de proyectos concesionados, la demanda o tráfico de vehículos rápidamente supera todas las estimaciones y desde el 2009 tenemos ya el tráfico que se había estimado para dentro de 15 años.
Por esa razón, durante el Gobierno de Alan García, se firmaron varias adendas al contrato de concesión para “adelantar” las obras que deberían recién construirse dentro de diez o quince años (por ejemplo la segunda calzada para la autopista).
Lo que corresponde a la administración de Humala es continuar esta tarea pero, lamentablemente, han transcurrido ya casi tres años y no se ha hecho nada al respecto. Quienes se perjudican son las poblaciones que usan la vía y las que viven en la ruta de la carretera.
Hay que “adelantar” la obra y construir una autopista entre la entrada de Chincha, San Andrés-Pisco-Guadalupe, sin entrar a Chincha, para lo cual el concesionario debe invertir “adelantadamente” cerca de US$ 91 millones, y hay que firmar una nueva “adenda” al contrato para posibilitar esta acción.
Se debe concluir esta obra que generará riqueza y plusvalía en la zona. El beneficio para la población y el sector empresarial dedicado a las exportaciones sería enorme.
Fuente: Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones
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