Ica, con una expansión de 20 %, fue la segunda en crecimiento regional en montos de créditos de consumo otorgados a octubre de 2013.
El monto de la cartera de créditos de consumo en las regiones, prácticamente duplicó al de Lima al registrar un crecimiento promedio de 17 %, mientras que en la capital creció 9% en el periodo diciembre 2012 - octubre 2013, informó la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Afirmó que este es un indicador positivo de inclusión financiera y se explica tanto por las mayores tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) que registraron las regiones (diferentes a la capital) como por el esfuerzo que realiza la banca por descentralizar la atención de servicios financieros y llegar a las zonas más alejadas y de menores ingresos del país.
Existen otros indicadores que revelan el paulatino y sostenido crecimiento de la inclusión financiera en el país, uno de ellos es el ratio de créditos sobre el PBI.
Este ratio muestra que, a partir del 2004, se observa una clara tendencia creciente año a año llegando en el tercer trimestre del 2013 al 30 p% del PBI.
Otros dos indicadores relevantes se refieren al número de personas que poseen un crédito de consumo en el sistema financiero y el número de micro y pequeñas empresas (mypes) que acceden a créditos en el sistema financiero.
En el primer caso, el número de personas que poseen un crédito de consumo pasó de tres millones a finales del 2008 a cerca de cuatro millones 300 mil a octubre de 2013. Un aumento de más de un millón 200 mil de personas, con acceso a los beneficios del sistema financiero formal.
En el segundo caso, el número de mypes con créditos en el sistema financiero aumentó de un millón 600 mil en diciembre del 2010, a más de dos millones a octubre 2013. Refleja el compromiso de la industria financiera por apoyar el crecimiento de este importante sector empresarial.
No obstante, queda mucho trabajo por hacer para superar problemas tales como la existencia de importantes segmentos de la población con elevados niveles de pobreza e informalidad, ausencia de garantías, altos costos de transacción por la insuficiente infraestructura, la baja educación financiera e insuficiente capacidad del Poder Judicial para resolver conflictos.
Fuente: ASBANC
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