La Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) Tren de Cercanías Sur: Lurín-Chincha ya se encuentra en fase administrativa y comprometerá una inversión de 1,500 millones de dólares, señaló el ministerio de Transporte y Comunicaciones, José Gallardo.
Recordó que esta IPC, junto a la Autopista Internacional del Norte y el desarrollo de servicios de telefonía móvil en 2,000 poblaciones rurales, forman parte de la tercera ventana de inversión que es manejada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
"Estos proyectos están en fase administrativa, lo cual permite saltar hitos como la medición de demanda y costos. Los tres proyectos ya recibieron el visto bueno, lo cual significa que se tienen los recursos para ejecutar las obras", apuntó.
Dijo que el inicio de obras del tren de cercanías dependerá de la velocidad con que actúe la empresa proponente. "Lo importante es que el Ejecutivo ya cuenta con los recursos necesarios. El presupuesto multianual establece el futuro dinero a pagar", indicó
La ruta propuesta inicia en el puente Conchán, ubicado en el distrito limeño de Lurín, y sigue el trazo en paralelo a la Panamericana Sur.
Por otro lado, el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, proyectó que los estudios del futuro ferrocarril podrían llevar dos años, pero no descartó que el próximo año se inicie con la construcción que estará en paralelo a la carretera Panamericana Sur y que afectará bienes de dominio público, así como de propiedad privada. Estos últimos demandarán la necesidad de realizar expropiaciones y adquisiciones por el Estado peruano.
Cabe indicar que una Iniciativa Privada Cofinanciada necesita ser declarada de interés por el Gobierno, el cual establece un plazo de 90 días calendario, que establece el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1012, para que ProInversión realice las actividades de promoción de la iniciativa buscando despertar el interés de terceros en competir con la propuesta de un proponente inicial. Ello para que el proyecto sea adjudicado mediante concurso público (Art. 23 del DS 127-2014-EF, Reg. DL 1012). Si transcurridos los 90 días no se presentan terceros interesados en competir, el proyecto se adjudica directamente al proponente.
En la gran mayoría de estos proyectos los principales factores que limitan el proceso de concesiones y la marcha en su ejecución se origina en la demora por parte de los organismos reguladores en el momento de interpretar los contratos.
También afectan las trabas burocráticas, la lentitud por parte de Estado en culminar los procesos de expropiación de terrenos y en la emisión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, los estudios de impacto ambiental, la ausencia de organismos reguladores a niveles subnacionales, la coyuntura política o electoral y los bajos límites de endeudamiento por parte del Estado para cofinanciar los proyectos.
Urge que el próximo gobierno supere estas limitaciones e impulse las nuevas concesiones.
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