Desde esta tribuna apoyamos aquellas medidas que busquen mejorar la calidad educativa en las universidades públicas manejadas por muchos años en su mayoría por personas inescrupulosas que sólo se aferran al poder por intereses personales y no se preocupan en la calidad impartida en las aulas que forman a nuestros estudiantes.
Encinas y todos los rectores inhabilitados deberían ser autocríticos y someterse a la ley, al Estado, a sus estudiantes, sus padres, a la comunidad en su totalidad, porque al final todos somos los que hemos inflado sus bolsillos y no hemos visto resultados.
Esperar que reflexionen y renuncien con dignidad es una utopía, pero lo que si debemos tener presente es que Alejandro Encinas, autoridad inhabilitadas por la Sunedu, no es elegible como representante para el Congreso u otro cargo político porque ha demostrado no respetar las leyes cuando no lo favorecen.
Como todos recordarán, mediante senda resolución emitida, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dispuso la inhabilitación de Alejandro Encinas así como las medidas preventivas contra la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, por no adecuarse a la Ley Universitaria, al no elegir a nuevos rectores antes del 31 de diciembre pasado.
La inhabilitación estará vigente hasta que se designe a las nueva autoridades, elección que debió haberse dado en una ordenada y pacífica transición hacia la nueva Ley Universitaria.
Al respecto un diario local desinformó sobre el legal accionar de la Sunedu, organismo público técnico, a quién acusa de un supuesto intervencionismo, que es falso pues no existe. La Sunedu fue.constituida para proteger el derecho de los jóvenes a una educación superior universitaria de calidad, actuando en todo momento en estricto cumplimiento de la Ley Universitaria.
Por otro lado la Sunedu informó que ha implementado una serie de medidas para salvaguardar los servicios universitarios y restablecer la calma en cinco universidades públicas intervenidas, a fin de que puedan culminar su adecuación a la Ley 30220.
La Sunedu agregó que, a fin de no afectar la gobernabilidad, reconocerá la firma de aquellas autoridades interinas cuya designación cumpla con los criterios de legalidad contenidos en los estatutos y la ley universitaria, como ya ocurrió en el caso de San Marcos.
Asimismo, ha puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública, la Contraloría, los ministerios de Educación y de Economía, así como de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, el desconocimiento de la firma de los rectores de las universidades ya mencionadas, y el reconocimiento de la firma de las autoridades internas designadas hasta el momento.
Finalmente, Encinas no es una víctima de la Sunedu, víctimas son los egresados y los que están estudiando en una de las universidades con peor reputación en el mundo académico.
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