La Contraloría, en la supervisión del uso de los recursos públicos en Ica, si halló responsabilidades de tipo administrativo en funcionarios, de carácter penal y civil entre los años 2010-2015.
La Contraloría supervisa al Gobierno Regional de Ica, municipalidades provinciales y distritales así como en las universidades públicas.
El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, se reunió en la sede central de Lima con los jefes de las sedes regionales y los jefes de las Oficinas de Control Institucional (OCI), con la finalidad de supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Control y motivarlos para continuar en la tarea constitucional de velar por el adecuado uso de los recursos del Estado.
La Contraloria ha considerado como casos emblemáticos en la región Ica:
La Licitación de Hospital San José de Chincha. Funcionarios del Gobierno Regional de Ica habrían beneficiado en el 2011 a un consorcio privado por más de S/ 37,4 millones; al haberle permitido suscribir el contrato aparentemente sin cumplir con presentar toda la documentación requerida para ello. Incluso se le habría aceptado garantías emitidas por una institución que no se encontraba bajo la supervisión de la SBS.
La Licitación de Hospital San José de Chincha. Funcionarios del Gobierno Regional de Ica habrían beneficiado en el 2011 a un consorcio privado por más de S/ 37,4 millones; al haberle permitido suscribir el contrato aparentemente sin cumplir con presentar toda la documentación requerida para ello. Incluso se le habría aceptado garantías emitidas por una institución que no se encontraba bajo la supervisión de la SBS.
Rehabilitación del sistema de redes de alcantarillado en el distrito de Los Aquijes, afectado por el terremoto del 15 de agosto de 2007. La Municipalidad Distrital de Los Aquijes habría favorecido a una empresa al suscribir, en el 2009, un contrato por más de S/ 12,5 millones, sin que esta aparentemente cumpliera con presentar toda la documentación. También, le habría aceptado garantías emitidas por una institución que no se encontraba bajo la supervisión de la SBS, incluso durante la ejecución de la obra para la entrega de adelantos.
Estadio Municipal de Marcona. La Municipalidad Distrital de Marcona habría beneficiado en el 2012 a un consorcio privado en un contrato por más de S/ 9,5 millones, al haberle otorgado la buena pro pese a que al parecer la empresa presentó insuficiente e incompleta información así como garantías emitidas por una institución que no se encontraba bajo la supervisión de la SBS. También se le habría aprobado el expediente técnico a pesar de no concordar con el perfil del proyecto así como la valorización y el pago de metrados no ejecutados.
Construcción del sistema de riego Santa Rosa Umamarca. Durante el 2012 se habría aprobado una exoneración sin aparente sustento, con documentación presumiblemente carente de veracidad. Se habría autorizado, asimismo, un pago de S/ 2,1 millones sin aparente sustento ni justificación, monto que constituyó presunto perjuicio económico.
Anticipos en EMAPICA. La administración habría autorizado y girado irregularmente ciento setenta desembolsos, en la modalidad de anticipos a favor de cinco servidores y un directivo de la Entidad, sin indicarse el objeto de su otorgamiento. En algunos casos se habrían otorgado para cubrir supuestos gastos de mantenimiento, urgentes o de emergencia, entre otros. Presunto perjuicio económico: S/ 2 millones.
Municipalidad Provincial de Pisco. Durante el periodo de febrero 2012 a mayo 2013, se habría aprobado y otorgado incentivos laborales pecuniarios a empleados designados en cargos de confianza y de responsabilidad directiva, en contravención a la ley. Presunto perjuicio económico: S/ 1,2 millones.
Transferencia de recursos para damnificados del sismo en la provincia de Pisco. En el 2009, autoridad y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Pisco habrían destinado S/ 577 mil, de los recursos transferidos para la construcción de cercos en terrenos afectados por el sismo, para la adquisición de bienes y servicios distintos a dicho fin, en perjuicio de los servicios de salud pública y seguridad ciudadana.
Repudiable, esperemos sanción pronta para esos malos funcionarios públicos.
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