El Ministerio de la Producción (Produce) modificó la segmentación de las zonas de supervisión que están a cargo de las empresas inspectoras del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito nacional.
Estos cambios permitirán que más empresas participen en el sistema de supervisión del litoral en las nuevas zonas segmentadas y facilitará las mejoras de las actividades de control.
El mar de Ica está incluido ahora en las Zona III y IV. La zona III incluye a Lima (desde la provincia de Huaura), Callao e Ica (hasta la provincia de Chincha). La Zona IV está conformado por Ica (desde la provincia de Pisco), Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas zonas de control promoverán que exista una mayor pluralidad entre las empresas supervisoras y generará que éstas eleven su calidad y mejoren los costos del servicio.
Con esta nueva etapa del Programa de Vigilancia y Control se mejorará la calidad del servicio, habrá más transparencia, se registrará una sana competencia y existirá mayor libertad de participación entre las actuales y nuevas empresas ejecutoras del Programa de Vigilancia y Control.
En épocas de máxima actividad pesquera, 650 inspectores se encargarán diariamente de las actividades de control en estas nuevas zonas como parte del citado Programa, desde el 1 de abril del 2016.
El programa será fortalecido ya que se evitará y/o resolverá situaciones que podrían generar conflictos de interés entre las empresas inspectoras y supervisadas.
Este proceso de selección garantiza la libertad de postulación, considerando que los postores podrán presentar sus propuestas técnicas (Sobre A) y económicas (Sobre B) en forma completa e independiente por cada una (1) de las zonas a las que decidan postular.
La determinación del valor referencial anual de cada zona ha sido realizada según lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 008-2013-Produce, en base a una estructura de costos y diseñada considerando los rubros costos y gastos que se generan en la ejecución del Programa.
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán más exigentes y se impondrán penalidades económicas (multas) de incumplirse con las obligaciones de implementación y ejecución del programa.
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