Es necesario que el Poder Judicial y la Policía Nacional, refuercen las acciones legales y operativas a fin de evitar el incremento de las invasiones de centros arqueológicos, instó ayer la Directora General de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, Blanca Alva Guerrero.
"El problema es que la ley establece que sino se desaloja en 24 horas a los invasores, tenemos que ir a juicio y esto demora de 2 a 3 años y hasta que haya una sentencia, el sitio arqueológico ya no existe porque ya lo hicieron polvo", aseveró.
Reprochó igualmente el hecho de aplicar sanciones y reparaciones civiles que están muy por debajo del delito y que a la larga no constituyen castigo o ejemplo alguno para quienes cometen este tipo de delitos.
"El juez sentencia al culpable a 4 años de prisión suspendida, algo de 7,000 nuevos soles de reparación civil, mientras que el individuo ha vendido como 30 lotes en más de 20,000 dólares cada uno. Estos traficantes ganan medio millón de dólares con un terreno arqueológico destruido que es propiedad del Estado", argumentó.
Alva sostuvo que los traficantes de terrenos arqueológicos actúan de manera silenciosa y lotizan el área protegida para luego colocar esteras y hasta casas prefabricadas. "A la hora que llega la policía, los habitantes dicen que están viviendo ahí y no pueden ser desalojados", expresó. Incluso, agregó, se ha llegado al colmo de que las empresas de servicios públicos les han instalados conexiones de agua y energía eléctrica.
Frente a ello, Alva explicó que el Ministerio de Cultura tiene que hacer una labor de inteligencia con los pobladores vecinos de las zonas arqueológicas, para que den aviso de cualquier de cualquier intento de invasión.
"Así yo puedo actuar con la policía y prevenir. Si no hay otro remedio, vamos y desalojamos. Pero podemos ir previniendo", insistió.
Fuente: Agencia Andina
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