Ya se ha vuelto costumbre ver cómo mineros informales en Ica, bloquean
carreteras y participan en desmanes exigiendo derogaciones u otros en el
procedimiento de formalización.
El gobierno al final siempre termina retrocediendo y flexibilizando los
requisitos que deben cumplir estas personas para ser formales.
Es cierto que es un problema difícil, pero el gobierno debe dejar de
cometer errores al negociar con los que vienen destruyendo sin misericordia
alguna nuestro ecosistema.
Es necesario prohibir la minería informal en la práctica diaria y esto
sólo se logrará con los recursos necesarios para garantizarla,
(actualmente hay sólo 80 polícias y uno
dos fiscales especializados en la zona de Tambotpata para desalojar campamentos
mineros con población que que llega a bordear las 5 mil personas y que supera
los 2500 casos)
Otro error recurrente es tolerar manifestaciones violentas y bloqueos de
carreteras, atentando contra la libertad de tránsito y la seguridad del resto
de peruanos. Estas prácticas deben ser sancionadas con severidad por el
Gobierno, cuyo deber es proteger a la población y al Estado de derecho y no el
ceder ante los actos de ilegalidad.
Otro error son las barreras burocráticas de las que ellos se aprovechan
como excusa para actuar al margen de la ley. Es importante que el gobierno
aborde absolutamente todos sus flancos, subsane sus errores y una a la
población en esta lucha contra los que vienen destruyendo gran parte de nuestro
país, una destrucción irreparable en todos los aspectos (ecónomico, social,
ecológico).
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